ENMARCHA inaugura primera clínica psicológica de atención especializada en niños y niñas con familiares privados de libertad

La clínica psicológica de atención especializada comenzó en mayo de este año atendiendo a 18 niños, niñas y adolescentes que tienen familiares privados de libertad.

La psicóloga Sofia Hales, con 7 años de experiencia en el trabajo clínico con niños, niñas y adolescentes, es la profesional que lidera el proyecto de la sala de atención psicológica que abre sus puertas para recibir específicamente a niños y niñas que tienen familiares privados de libertad. 

Para Sofía, asumir este proyecto «es un tremendo desafío que apunta hacia el bienestar de niños y niñas, en el contexto de una institución de mucha experiencia en la temática». Quien acompaña en la planificación del proceso a Sofia, es Joan Navarro psicóloga que trabaja hace 5 años en ENMARCHA, como coordinadora del Programa Abriendo Caminos, que atiende a niños y niñas con familiares privados de libertad. 

La clínica lleva 3 meses de funcionamiento, atendiendo a 18 niños y niñas de entre 8 y 4 años, que viven en diversas comunas de la Región Metropolitana. 

Para Francisca Hidalgo, directora de ONG ENMARCHA, generar este espacio ha sido hacerse cargo de una deuda, “sabemos que un niño y niña que tiene un familiar privado de libertad viven situaciones que les puede provocar respuestas tóxicas ante el estrés, lo que en el largo plazo perjudica su desarrollo. Los problemas de salud mental en varios de los niños y niñas que atendemos son evidentes, pero muchas veces se hacen invisibles y se generan respuestas ineficientes para lo que realmente necesitan. Es común que sean diagnosticados con  TDAH, medicados o condicionados en sus colegios, buscando respuestas represivas que atacan los efectos, pero no las consecuencias que están generando las conductas disruptivas”. 

En la atención a niños y niñas acompañan a Sofía, un grupo de estudiantes de psicología de la Universidad de Chile, que se encuentran realizando su práctica profesional, y todo el proceso es parte de una investigación que espera recabar evidencia sobre los impactos en la salud mental de niños y niñas que tienen familiares privados de libertad y las respuestas que se están generando desde el estado y la sociedad civil.

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